La Cámara de Diputados reanudó la discusión del proyecto de ampliación de licencias maternales, paternales y parentales, en tanto que ya asoma en el horizonte cercano una próxima reunión de comisiones para dictaminar.

El objetivo de la iniciativa es sacar al país del atraso normativo en el que se encuentra en esta materia. En el borrador, que surgió a partir de los aportes de cincuenta iniciativas presentadas, se propone extender a 45 días las licencias por paternidad, en tanto que las licencias por maternidad pasarían de 90 a 126 días y las de adopción se mantendrían en 90 días.

En ese marco, ayer se realizó una nueva jornada de debate en el edificio anexo de la Cámara baja, en la que participaron especialistas invitados al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres, Géneros y Diversidad.

La primera experta en tomar la palabra fue María Orseniego, coordinadora de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación Alem (UCR), quien celebró la búsqueda de sumar a los monotributistas entre los beneficiarios.

En tanto, la representante del radicalismo sugirió incorporar alternativas para el regreso de los trabajadores y las trabajadoras una vez cumplida la licencia. Además del retorno presencialo la excedencia se plantea contemplar tanto el home office como las jornadas reducidas.

A su turno, Cynthia Benzón, referente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, señaló que "es fundamental desfamiliarizar los cuidados", lo cual aclaró que "no significa entregar a los hijos para que otros se ocupen" sino que ese trabajo de cuidado "esté distribuido de manera equitativa entre la familia, el Estado, la comunidad y las empresas".

Por último, la especialista recomendó que la licencia por violencia de genero no sea concedida en días corridos (la iniciativa propone quince días seguidos, prorrogables por otro período igual) ya que la violencia doméstica suele ser reiterativa y no aislada.

Por su parte, Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia, destacó "la incorporación de las personas trabajadoras que se desempeñan de manera independiente", quienes "accederían por primera vez al derecho de contar con tiempo para el cuidado a través de la creación de asignaciones parentales desde del Estado".

"El proyecto es verdaderamente transformador e inicia un recorrido para incorporar una dimensión del derecho al cuidado que promueve la igualdad entre las personas trabajadoras más allá de las condiciones de empleo y esto es un avance para el reconocimiento de la universalidad de cobertura", enfatizó.

Entre los aportes, la abogada y docente feminista consideró que la violencia de género y la violencia laboral no deberían tratarse de manera conjunta, como está estipulado en el anteproyecto, porque "son dos fenómenos distintos que se activan por razones diferentes".

A su criterio, "lo verdaderamente transformador será la creación de un sistema integral y federal que reconozca las distintas dimensiones de cuidado, incluyendo no solamente los tiempos sino también la creación tanto de servicios como de infraestructuras desde un enfoque centrado en los derechos".