La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que se eliminará el artículo 331 del proyecto de Ley Ómnibus, que establece que toda reunión o manifestación deberá ser notificada ante la cartera de Seguridad y define como tal "la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público".

Bullrich explicó que decidieron retirarlo debido a la "confusión" que generó y porque consideran que la información ya está "suficientemente explicada" en otros artículos de la ley.

En relación con el protocolo anti-piquetes, el proyecto modifica el artículo 194 del Código Penal: "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas", será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses. La norma ya vigente fija la prisión de tres meses a dos años.

Con este punto retirado, los artículos que se mantienen en el proyecto en materia de protestas son los siguientes:

• "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas", será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses.
• Para quien porte un "arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas", la pena será de dos a cuatro años de prisión.
• Quienes organicen una manifestación o reunión que corte la calle, la pena será de dos a cinco años, estén o no presentes.
• También establece pena de prisión o reclusión de tres a seis años "a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta".
• El artículo también se refiere a la figura del "organizador" de la protesta como quien "convoque a otras personas a participar de la reunión", "coordine a personas para llevar a cabo la reunión", "provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión", "pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes".
• Asimismo, los organizadores serán "solidariamente responsables" por los daños que los manifestantes puedan llegar a ocasionar a terceros o "bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación".
• Modificación de la Ley de Tránsito: le incorpora un inciso en el apartado de las prohibiciones: "Impedir u obstaculizar totalmente el tránsito en arterias o avenidas, rutas nacionales y puentes".
• Notificaciones al Ministerio de Seguridad: se deberá dar el aviso a esa cartera "con una antelación de 48 horas. En dicha notificación deberán detallar las características de la manifestación, los datos de la persona humana o jurídica que la organiza, detallando nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación; el objeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados", agrega.
• En cuanto a las manifestaciones espontáneas, se dictamina que la notificación al Ministerio de Seguridad "deberá cursarse con la mayor antelación posible".
• La cartera que conduce Bullrich podrá oponerse a la realización de la manifestación "fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional". El apartado también incluye que Seguridad pueda modificar el horario, la ubicación o la fecha de la misma.