Las políticas de acceso al aborto en la provincia de Buenos Aires han tenido un impacto significativo en la reducción de las muertes relacionadas con el aborto, según informó el Ministerio de Salud provincial.

En los últimos cuatro años, la cantidad de establecimientos sanitarios que garantizan la interrupción voluntaria del embarazo ha triplicado, pasando de 196 en diciembre de 2019 a 600 en la actualidad. Esta medida es parte de la implementación de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que asegura el derecho al aborto de manera integral y gratuita.

En este contexto, se destaca que el municipio de Lezama se sumó a la red de establecimientos que brindan este servicio, alcanzando así el 98% de los 135 municipios de la provincia. Sin embargo, se menciona que municipios como Capitán Sarmiento y San Miguel aún se resisten a formar parte de la Red Provincial, lo que impide que las personas tengan acceso seguro a la interrupción del embarazo con el apoyo del equipo de salud.

"Con la efectiva implementación de la Ley, en el año 2022 no se registraron muertes maternas por abortos intencionales, en contraste con el promedio de 15,2 muertes anuales entre 2015 y 2019", afirmó el Ministerio de Salud. También se observó una disminución significativa en los casos de muerte por aborto espontáneo, una de las principales causas de muerte materna. Esto demuestra el impacto positivo que han tenido las políticas de acceso al aborto con perspectiva de equidad en salud en la provincia de Buenos Aires, con una reducción del 90% en las muertes relacionadas con el aborto entre 2019 y 2022.

Además de la interrupción del embarazo de manera segura, la implementación de la Ley ha implicado un aumento significativo en la entrega de métodos anticonceptivos para garantizar la salud sexual y reproductiva de las personas. Se ha registrado un aumento del 31,9% en los métodos de larga duración, un 29,6% en los métodos de corta duración, un 207,3% en los métodos de barrera y un 126,5% en la ligadura tubárica. No obstante, se reconoce que es necesario seguir expandiendo la cobertura de métodos anticonceptivos de acuerdo con las necesidades y elecciones individuales.

En este sentido, las asesorías en salud sexual integral, la entrega de métodos anticonceptivos y la implementación de la Ley de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo han contribuido no solo a la reducción de las muertes maternas, sino también a una disminución del 36,4% en los nacimientos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años entre 2019 y 2021, lo que representa 8.434 nacimientos menos.

La provincia de Buenos Aires también ha implementado un sistema de Registro y Gestión de Abortos para monitorear la aplicación de la Ley y mejorar el acceso y la calidad de la atención. En 2022, el 91,3% de los abortos se realizaron mediante el uso de medicación adquirida a través de la compra centralizada de misoprostol a un laboratorio de producción pública.