El Tribunal Superior de Justicia de Canarias envió un oficio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si el plus de maternidad en la pensión, creado en España para premiar el aporte a la Seguridad Social de las madres trabajadoras que compatibilizaron su carrera laboral con la maternidad, vulnera el principio de igualdad retributiva de la Unión Europea (UE), directivas europeas y la Carta de Derechos Fundamentales comunitaria, y si debe aplicarse a algunos padres en circunstancias especiales.

¿Son exclusivamente las mujeres las que pueden beneficiarse del complemento por maternidad de las pensiones contributivas? Esa es la pregunta que se hace el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La duda nace a raíz del caso de un hombre viudo con cuatro hijos que solicitó a la Seguridad Social, tras haberle reconocido el derecho al 74% de la pensión (1.271 euros mensuales), un incremento del 15% en línea con el llamado complemento de maternidad. Este fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y consiste en un aumento de entre el 5% y el 15% de la prestación por jubilación según el número de hijos.

La Seguridad Social se lo negó argumentando que esa bonificación solo contempla su aplicación para las mujeres que hayan tenido hijos, criterio que fue validado por el juzgado de lo social de Las Palmas de Gran Canaria, que desestimó la demanda contra esa resolución.

El viudo elevó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia canario (TSJC), que ahora se plantea varias dudas sobre la ley que regula el complemento de maternidad. La primera de ellas es si la exclusión "absoluta e incondicional" de los padres trabajadores del complemento por maternidad puede considerarse una diferencia de trato discriminatoria por razón de sexo en casos excepcionales como el del demandante, que han dedicado tiempo y esfuerzo a la crianza de sus hijos en solitario desde que falleció la madre en 2003.

A juicio del tribunal, la ley interpreta el concepto de maternidad de forma amplia, pues se refiere a hijos biológicos y adoptivos, y vincula el complemento a la práctica de los cuidados sobre los descendientes y a la pérdida de oportunidades laborales o a las menores cotizaciones a la Seguridad Social que estos llevan aparejados, que son las que protege o pretende compensar la bonificación de la pensión. Y que se dan también en el caso del demandante, que asumió en solitario el cuidado de sus hijos, como también ocurriría en el caso de familias monoparentales de hombres, parejas homosexuales o varones que han adoptado hijos, según indica la jueza Gloria Poyatos en el oficio.