Nueva realidad de la política migratoria rusa tras el atentado en Crocus
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El atentado en la sala de conciertos Crocus City Hall en Moscú el 22 de marzo, que se saldó con 145 muertos y más de 550 heridos, se convirtió en el más sangriento en las últimas décadas. Además de que hizo mella en la sensación de seguridad, la nacionalidad de los implicados (tayika) suscitó un debate hostil sobre el endurecimiento de las leyes migratorias.
Muchos migrantes, sobre todo de Asia Central, vienen a Rusia desde hace mucho tiempo en busca de mejores oportunidades y para ganarse la vida.
Actualmente, el país depende de migrantes laborales, principalmente de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, entre otros, dada la escasez de mano de obra en la economía rusa, el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad.
En general, los migrantes suelen ocupar puestos de trabajo en sectores que los ciudadanos rusos prefieren no elegir debido a las duras condiciones, los bajos salarios y la falta de perspectivas profesionales.
En particular, muchos de ellos trabajan en la industria de la construcción, en el sector de servicios, incluyendo restaurantes, hoteles y limpieza, así como en el sector del transporte, ya sea como conductores de camiones o en logística y distribución.
Estos trabajos son esenciales para el funcionamiento de la economía rusa, y muchos migrantes contribuyen significativamente a la fuerza laboral del país.
No todos los extranjeros cruzan la frontera de forma legal, tienen permiso de trabajo y cumplen con todos los requisitos necesarios de las autoridades, lo que genera tensiones sociales, que se hicieron especialmente evidentes tras el atentado en el Crocus City Hall.
ESTALLIDO SOCIAL
Varios líderes mundiales y organizaciones internacionales quedaron escandalizados por el atentado en el Crocus, condenaron con firmeza el ataque y expresaron su solidaridad con el pueblo de Rusia.
Mientras en Rusia se observó un aumento de la xenofobia contra la comunidad centroasiática que trabaja y vive en Rusia, en particular los nacionales tayikos.
Así, un día después del atentado, los taxistas migrantes se quejaron de los clientes que se negaban a viajar con los tayikos étnicos debido a su nacionalidad.
Asimismo, los conflictos en lugares públicos por motivos nacionales también se han vuelto más frecuentes. Más aún, a muchos migrantes se les negó el alquiler de apartamentos debido a su origen étnico.
La reacción pública no es sorprendente, ya que muchos ciudadanos rusos temen que el aumento de los flujos migratorios desde los países de Asia Central aumente la probabilidad de que miembros de organizaciones terroristas ingresen al país.
El tema migratorio se está volviendo muy alarmante, sobre todo teniendo en cuenta que el número de inmigrantes ilegales en Rusia ha aumentado un 40 por ciento desde principios de año, según anunció en octubre el ministro del Interior ruso, Vladímir Kolokóltsev.
De acuerdo con el titular, al 1 de octubre había más de 6,5 millones de ciudadanos de otros países en Rusia, de los cuales más de 740.000 no tenían permiso para permanecer en el país.
Kolokóltsev explicó que algunos migrantes ingresan a Rusia con un visado de turista y luego permanecen en el país.
Además, el Comité de Investigación de Rusia estima que los crímenes cometidos por inmigrantes laborales han aumentado en un 69 por ciento este año.
En este sentido, el presidente del Comité, Alexandr Bastrikin, afirmó que los extranjeros cometieron 23.847 crímenes en el año saliente.
"En los últimos tiempos, los visitantes extranjeros suelen mostrar una actitud negativa hacia los residentes locales, los participantes de la operación militar especial y los agentes del orden", subrayó Bastrikin.
Sin duda alguna, la política migratoria debe estar bien equilibrada, la necesidad de atraer mano de obra no debe repercutir en el tema de seguridad y garantías del orden público y la estabilidad social.
MEDIDAS DE RESPUESTA
El atentado en el Crocus City Hall puso de relieve la necesidad urgente de una revisión detallada de la política migratoria rusa.
De esta manera, el presidente Vladímir Putin, firmó en agosto una ley que establece un nuevo régimen de deportación para migrantes ilegales y otros extranjeros que no tienen derecho a permanecer en Rusia.
Estos migrantes no podrán cambiar su lugar de estancia en Rusia sin permiso, viajar fuera de la región en la que se encuentran, conducir vehículos, abrir cuentas bancarias, comprar bienes inmuebles o casarse.
La ley, que entrará en vigor el 5 de febrero del 2025, también prevé la deportación de los migrantes ilegales si repetidamente incumplen los requisitos mencionados.
Asimismo, la Duma del Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) aprobó en noviembre en la segunda y tercera lecturas finales una ley que endurece las penas por la organización de la migración ilegal y la clasifica como un delito grave.
Además, desde la tragedia, las autoridades rusas tomaron varias medidas para reforzar la seguridad en lugares públicos, intensificaron los controles en las fronteras, comenzaron a revisar los procesos de emisión de visados, especialmente para aquellos provenientes de países considerados de alto riesgo.
El atentado en el Crocus City marcó un punto de inflexión en las políticas migratorias rusas. Las nuevas medidas son una respuesta directa a un evento trágico que conmocionó a la sociedad, y solo queda adivinar si surgen efecto sin impactar en los aspectos económico y de seguridad.
Fuente: Sputnik
