El estado de California, Estados Unidos, presentó una demanda contra cinco de las mayores petroleras del mundo. Según las autoridades locales, estas empresas causaron "miles de millones de dólares en daños" y "engañaron a la gente al minimizar los riesgos climáticos de los combustibles fósiles". La demanda civil se presentó en el Tribunal Superior de San Francisco contra Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips y Chevron, con sede en California, y el Instituto Estadounidense del Petróleo (API). Según el texto, estas empresas y sus asociados sabían desde la década de 1950 que sus productos podían provocar un calentamiento global significativo, pero "minimizaron intencionadamente los riesgos que suponen los combustibles fósiles para la población".

La demanda de California se suma a otras interpuestas por ciudades, condados y estados de Estados Unidos contra entidades vinculadas a los combustibles fósiles por su impacto ambiental. Gavin Newsom, el gobernador de California, declaró que "durante más de 50 años, las grandes petroleras nos han estado mintiendo, encubriendo el hecho de que saben desde hace mucho tiempo cuán peligrosos son para nuestro planeta los combustibles fósiles que producen".

API, el Instituto Estadounidense del Petróleo, criticó la iniciativa gubernamental y argumentó que la política climática "debe ser debatida y adoptada por el Congreso, no por el sistema judicial". Andrea Woods, vocera de API, afirmó que estas demandas son polítizadas y sin fundamento, y constituyen un desperdicio de recursos de los contribuyentes de California.

Por su parte, Shell declaró estar de acuerdo en que "se necesitan medidas para combatir ahora el cambio climático", pero considera que la sala de un tribunal "no es el lugar adecuado" para ello.

Con esta acción judicial, California busca crear un fondo para hacer frente a los daños futuros causados por el cambio climático en el estado, que sufre incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos extremos agravados por el calentamiento global. La demanda también acusa a las compañías petroleras y gasíferas de privar al público y a los responsables políticos de información sobre los riesgos de las energías fósiles, lo cual ha retrasado la respuesta al calentamiento global y ha tenido un alto costo para las personas, las propiedades y los recursos naturales.

Desde que comenzaron las denuncias contra las empresas de petróleo y gas hace unos seis años, el sector ha intentado evitar los procesos judiciales. Sin embargo, en mayo pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó apelaciones en dos casos, permitiendo que las acciones judiciales continúen su curso. Estas demandas siguen el modelo de las presentadas con éxito contra los gigantes del tabaco o la industria farmacéutica en el caso de la proliferación de opiáceos.