Los padres de un bebé nacido el jueves en una clínica de la ciudad de Mendoza solicitaron aplazar la vacunación y la justicia ordenó que se lleve a cabo la inoculación, incluso con la asistencia de la fuerza pública, según informaron fuentes judiciales.

A raíz de esta decisión judicial, los padres cambiaron de opinión y el viernes aceptaron el calendario de vacunación para su hijo.

El incidente ocurrió el jueves en la Clínica de Cuyo, situada en la capital de la provincia, cuando los padres del recién nacido se negaron a vacunarlo. Esto llevó a la intervención de la jueza Rebeca Natalia Ropero, quien ordenó que el bebé recibiera la vacuna, incluso con la ayuda de la fuerza pública, si fuera necesario.

En colaboración con el Juzgado de Familia, también participó el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para brindar apoyo a la familia originaria de Las Heras, una localidad mendocina.

La justicia intervino para garantizar la vacunación del recién nacido y para evitar que se vulnere su derecho a la salud, ya que se explicó que la omisión de esta obligación tiene consecuencias según el Artículo 119 del Código Contravencional y la Ley 9099. Según las fuentes, en uno de los puntos de dicho artículo se establece lo siguiente: "Los padres, tutores, curadores o guardadores que no cumplan con su obligación de hacer que sus hijos o menores a su cargo reciban las vacunas obligatorias incluidas en el calendario nacional (Ley N.º 22.909), serán sancionados con multa de doscientas (200) a ochocientas (800) unidades fiscales o con cinco (5) días de arresto, o su equivalente en trabajo comunitario en centros de asistencia u hospitales públicos para menores de edad".

Además, se agrega que "los proveedores de servicios de salud (públicos o privados) y cualquier funcionario público que tenga conocimiento de la violación del derecho a la vacunación de menores deberá informar esta circunstancia a la autoridad administrativa local, y aquel que omita hacerlo será sancionado con el doble de la pena mencionada anteriormente".