Después de un largo proceso de negociación, la administración del presidente Joe Biden ha presentado una nueva regulación propuesta para ofrecer alivio a los prestatarios de préstamos estudiantiles que enfrentan dificultades económicas. Esta propuesta otorga al Secretario de Educación la facultad de cancelar total o parcialmente las deudas federales de estudiantes que se encuentren en situaciones que "probablemente afecten la capacidad del prestatario para reembolsar completamente al gobierno federal o donde los costos de cobrar el total de la deuda no se justifican por los beneficios esperados de su recaudación".

Factores de dificultad financiera

El borrador enumera 17 factores no exclusivos que podrían respaldar la alegación de dificultades. Estos factores pueden ser considerados por el Secretario de Educación para determinar la elegibilidad de los prestatarios. La propuesta establece dos vías a través de las cuales los prestatarios podrían obtener alivio de la deuda, utilizando uno o más de estos factores.

Dos vías para el alivio de la deuda

Los prestatarios que el Departamento de Educación determine que tienen al menos un 80% de probabilidad de incumplir con sus préstamos podrían ver su deuda cancelada automáticamente. La otra vía probablemente se basará en aplicaciones individuales, donde el departamento considerará cada caso particular para otorgar alivio utilizando estos factores o cualquier otra evidencia de dificultad.

Próximos pasos y expectativas

La propuesta se publicará en el Registro Federal, donde pasará por un período de comentarios públicos de 30 días. Luego, el departamento finalizará e implementará la nueva regulación, lo que se espera que ocurra en 2025.

Esta acción de alivio de deudas surge tras la decisión de la Corte Suprema que rechazó el plan del presidente Biden para implementar un perdón generalizado de préstamos estudiantiles en junio de 2023. Sin embargo, esta regulación propuesta es independiente de otro reglamento que busca cancelar o reducir los saldos de deuda para 25 millones de prestatarios, el cual se encuentra actualmente en suspenso debido a demandas interpuestas por varios estados para bloquear su implementación.

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