Los padres de Micaela García, la joven víctima de un feminicidio en 2017 y en cuya memoria se aprobó la Ley que lleva su nombre, la cual tiene como objetivo brindar capacitación en perspectiva de género y prevención de violencia de género al personal de la administración pública, han solicitado al Congreso que no se modifique la legislación, tal como propone la "Ley ómnibus" presentada por el Gobierno esta semana. A través de un comunicado, expresaron: "Muchos feminicidios ocurren debido a la falta de perspectiva de género en quienes reciben las denuncias (policías, agentes judiciales, etc.). Ninguno de ellos se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia".

La "Ley ómnibus" busca modificar seis artículos de la Ley Micaela. "La libertad es poder caminar por las calles sin sufrir acoso. La libertad es no temer habitar el espacio público. La libertad es lo que Micaela y muchas otras han perdido", declararon Andrea Lescano y Néstor 'Yuyo' Gracía, los padres de la joven, a través de un comunicado emitido desde la Fundación Micaela García "La Negra", en el cual también participaron voluntarios y profesionales de la organización.

La modificación propuesta en el Artículo 535 de la "Ley ómnibus" busca reemplazar dicho artículo con el siguiente texto: "Se establece la capacitación obligatoria en la temática de violencia familiar y contra la mujer para todas las personas que se desempeñen en la función pública en organismos competentes en la materia". Sin embargo, el artículo actualmente en vigor de la Ley Micaela establece: "Se establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación". En relación a esto, recalcaron en el comunicado: "Lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en organismos competentes en la materia, y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes".

La Ley Micaela (N° 27.499) fue creada en diciembre de 2018 como respuesta a la falta de perspectiva de género por parte de los agentes del Estado, entendiendo que el feminicidio de Micaela y otros casos podrían haberse evitado si estos agentes contaran con dicha capacitación. “Ninguno de esos agentes se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia. El juez Carlos Rossi, quien otorgó la libertad condicional al violador y feminicida de Micaela a pesar de tener informes psicológicos desaconsejando su liberación, tampoco se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Las personas (agentes del Estado), que el día anterior al feminicidio de Micaela, no tomaron una denuncia por intento de violación del feminicida a una niña de 13 años, tampoco se desempeñaban en la función pública en un organismo competente en la materia", recordaron desde la Fundación en su comunicación.

El equipo de la Fundación junto a los padres de Micaela alertaron que "la violencia familiar no es lo mismo que la violencia basada en género". Además, manifestaron: "Todo esto ocurre unos días después de haber sentido una gran emoción y orgullo al celebrar los 5 años de la sanción de la Ley Micaela". Todas las provincias han adherido a esta legislación y muchos municipios del país, así como el sistema público universitario, sindicatos, empresas e instituciones deportivas también la han adoptado. "Durante estos cinco años, hemos dedicado nuestras vidas a promover la implementación de la Ley Micaela con la convicción de que es una herramienta indispensable para prevenir situaciones graves de violencia, promover ambientes laborales respetuosos y jerarquizar la función pública. Hemos observado los cambios, que aunque pequeños, nos generan mucha esperanza", afirmaron Andrea y Néstor. "Creemos en el papel del Estado para promover derechos y prevenir violencias", agregaron.

"Nadie investigará asuntos de impacto local si no lo hacemos nosotros", declararon. También destacaron que la violencia de género "no solo se explica ni se resuelve únicamente a través del sistema judicial, sino que es en la prevención y el conocimiento generados por las capacitaciones de la Ley Micaela donde radica la importancia. Si hay un delito o crimen, es porque hemos llegado tarde. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre", concluyeron.

La Ley Micaela fue aprobada con 230 votos a favor y uno en contra en diciembre de 2018. "Todas las fuerzas políticas respaldaron esta ley que ahora se pretende modificar. Esas fuerzas políticas, incluyendo a muchas personas que fueron legisladoras en ese momento y lo siguen siendo hoy en día, realmente no creemos que puedan 'borrar con el codo lo que escribieron con la mano'", resaltaron. "Deseamos y trabajamos por la libertad, y por esa razón, creemos en la importancia de la perspectiva de género. La libertad es poder caminar por las calles sin sufrir acoso. La libertad es no temer habitar el espacio público. La libertad es lo que Micaela y tantas otras han perdido. En defensa de la vida, la libertad y la justicia", concluyó el comunicado.

Para recibir atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, se puede llamar gratuitamente a la Línea 144 las 24 horas del día. También se puede contactar mediante WhatsApp al número 11-2771-6463, o por correo electrónico a linea144@mingeneros.gob.ar. También se puede descargar la aplicación "Micaela García". Micaela García fue asesinada por Sebastián Wagner, quien había sido condenado a nueve años de prisión por violación de dos mujeres, y el juez Carlos Rossi le había otorgado la libertad condicional. Finalmente, Wagner fue sentenciado a 30 años de prisión.