Durante la jornada se realizaron tres paneles y la apertura estuvo a cargo de la senadora María Clara del Valle Vega, presidenta de la comisión Bicameral Defensor de los Derechos de las NNyA, y de la diputada Carla Carrizo. En el panel de apertura, Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, destacó que los procesos excluyentes se están dando con más frecuencia y que, cuando suceden, el niño es revictimizado porque ya ha sufrido un abandono. Además, mencionó que es una problemática nacional y que por eso es necesario un compromiso colectivo y federal. María Federica Otero, psicóloga especialista en adopción, subrayó que el foco debe estar en la difícil situación de estas infancias. “No se puede hablar de devoluciones, ya que solo se devuelven objetos, ni tampoco son desvinculaciones, porque no ver más a alguien no significa no tener más esa representación”, aclaró. Aunque se sabe que aumentaron, no hay a nivel nacional datos sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes que pasaron por procesos adoptivos que se truncaron en el camino porque las familias dieron marcha atrás. Por citar un ejemplo de referencia, el año pasado solo en la provincia de Buenos Aires hubo 55 casos.

Desde Aldeas Infantiles SOS Argentina realizaron una sistematización y registro de la problemática en sus dispositivos convivenciales en diferentes puntos del país. El resultado permite detectar que una tendencia en aumento: desde 2016, la ONG tuvo 40 niños y niñas que pasaron por procesos excluyentes, mientras que en lo que va de 2023 ya registró siete. Respecto a la falta de datos que permitan pensar en políticas públicas, Facundo Hernández, defensor Adjunto Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adelantó que desde la Defensoría solicitaron colaboración a la Junta Federal de Cortes para reconstruir estadísticas nacionales de la justicia de familia, con un pedido puntual sobre cantidad de causas de adopción iniciadas, sentencias de adopción dictadas, procesos caídos y número de causas en la que se decretó la adopción a personas inscriptas en los registros a aspirantes y a no inscriptas, como sucede en muchas convocatorias públicas.

“Todos los efectores del sistema de protección tenemos que pensar la manera de tener mejores prácticas, porque es la única forma de evitar los procesos excluyentes”, destacó Claudia Portillo, directora del Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de la provincia de Buenos Aires. Llamó a pensar esas prácticas como “una cadena que empieza con los servicios zonales y locales, trabajando bien el agotamiento de las posibilidades de permanencia con familia de origen; sigue con los registros, teniendo mejores y más exhaustivas evaluaciones; los juzgados y los cuerpos técnicos, teniendo mejores intervenciones y en tiempos oportunos”. Una serie de eslabones que, “cuando falla, surgen procesos excluyentes”.

A la falta de articulación, el defensor Adjunto agregó la falta de acompañamiento en el proceso adoptivo. “Los registros seleccionan a los posibles adoptantes, pero en solo ocho provincias hay seguimiento de las guardas y esto nos parece clave” destacó Hernández. Esas jurisdicciones son Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis, Salta, Rio Negro, Mendoza, La Pampa y Formosa.

Portillo explicó que algunos registros de la provincia de Buenos Aires comenzaron en 2023 a seguir las vinculaciones y egresos de chicos más grandes o con alguna discapacidad, por ejemplo, acompañando a los guardadores adoptivos a los colegios para trabajar la inserción. “Hay que facilitarles las cosas a los postulantes para que puedan poner toda la energía en construir el vínculo”, señaló. Y relató que de los más de 50 procesos excluyentes que tuvieron el año pasado, “la mayoría tiene como centro a niños, niñas y adolescentes que tienen más de 10 años”. Portillo lo consideró “un dato para tener en cuenta”, porque “ahí hace falta una apoyatura diferente”. Muchos y adolescentes y preadolescentes ya atravesaron varios intentos fallidos y rechazos, y volver a confiar es lo más difícil.