En 2012, Argentina expropió y recuperó YPF, lo que ha llevado a un proceso legal debido a la demanda presentada por el fondo Burford Capital. A pesar de que el Gobierno tiene planes de privatizar la empresa, se le ha solicitado el pago de una indemnización de USD 16.000 millones.

La jueza Loretta Preska ha rechazado la solicitud de prórroga y ha establecido el 10 de enero como fecha límite para el pago. Sin embargo, Argentina no ha realizado el pago, lo que permite a los demandantes solicitar embargos sobre los activos del país en el extranjero.

La jueza de Nueva York ha dejado claro que no aceptará más peticiones de Argentina. Ante esto, el vocero presidencial ha afirmado que el Gobierno desea mantener cierto nivel de confidencialidad debido a la delicadeza de la situación.

Los abogados que representan a Argentina argumentaron que el país no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía. La jueza Preska ha señalado que el nuevo Gobierno debería prestar atención inmediata a este caso crítico.

A pesar de que la decisión de Preska representa un revés para Argentina, se está a la espera de la respuesta de la Corte de Apelaciones. El Gobierno ha solicitado una prórroga de 90 días para comprender mejor el caso, pero aún no ha recibido una respuesta.

El Gobierno argentino solicitó retrasar el plazo para los argumentos de la apelación debido a "circunstancias excepcionales". Los abogados argumentaron que, debido a las difíciles condiciones económicas y la necesidad de implementar reformas urgentes, Argentina no puede comprometer activos como depósito de garantía por USD 16.000 millones. Además, afirmaron que este monto representa el 32% del presupuesto para el año 2023.

En el juicio contra los fondos buitres, la jueza Preska determinó que Argentina debe pagar una indemnización por daños económicos al fondo Burford Capital. Este fondo ha financiado la demanda desde el inicio del litigio en 2015 y se ha convertido en uno de los litigantes más difíciles para Argentina. La sentencia de primera instancia asciende a casi USD 16.000 millones.

Argentina argumenta que Burford Capital no fue víctima de una expropiación durante la recompra de acciones de YPF en 2012, sino que es un fondo que adquirió los derechos de litigio de otros acreedores, incluido el grupo Petersen.