Juicio por YPF: Argentina no tendrá que pagar USD16.000 millones
La jueza de Nueva York respondió a la apelación presentada por el Estado argentino, que, sin embargo, deberá aportar activos de la petrolera como garantía
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, eximió a la Argentina de pagar los 16.000 millones de dólares en el caso de la nacionalización de YPF. Sin embargo, el país tendrá que aportar activos de la petrolera como garantía para evitar embargos.
El estudio de abogados Sullivan & Cromwell, que representa a Argentina, apeló el fallo de la jueza. Se determinó que el país debe pagar una indemnización por la expropiación y recuperación de YPF.
El juicio se inició a raíz de la demanda de los fondos Burford Capital y Eton Park. En respuesta a la apelación de Argentina, Preska concedió parcialmente la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia final sin fianza.
En lugar de una fianza, Preska determinó que la República se comprometa con los demandantes a participar en el capital de YPF como condición para suspender la ejecución.
Así, se habilitó que el país aporte activos de la petrolera como garantía antes del 5 de diciembre y se suspendan los embargos hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie.
La demanda de los Fondos Buitres
La decisión de apelar la sentencia había sido dada a conocer por la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, a través de X (exTwitter), al indicar que "el gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska".
"El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", expresó Cerruti.
Preska determinó que Argentina debe pagar una indemnización por daños económicos a Burford Capital. Este fondo financió el reclamo desde 2015 y se convirtió en el principal litigante contra Argentina.
En marzo, la misma jueza había fallado en contra del país por incumplimiento de contrato. El monto de la sentencia de primera instancia asciende a aproximadamente 16.000 millones de dólares.
Para el Estado argentino, Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el grupo Petersen, conformado por empresas argentinas.
